Carlos Gajardo - Se hará justicia

Este libro no podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente, sin el previo permiso escrito del editor. Todos los derechos reservados.

© 2022, Carlos Gajardo

Derechos exclusivos de edición:

© 2022, Editorial Planeta Chilena S.A.

Avda. Andrés Bello 2115, 8º piso,

Providencia, Santiago de Chile

Diseño de colección: Isabel de la Fuente

1ª edición: abril de 2022

Registro de propiedad intelectual: 2022-A-1647

ISBN: 978-956-9987-86-1

ISBN digital: 978-956-9987-87-8

Diagramación digital: ebooks Patagonia

www.ebookspatagonia.com

Introducción

Crecí en dictadura. Siempre he creído que esa circunstancia histórica me llevó a decidir estudiar Derecho. Al tener más habilidades para las matemáticas, mi destino natural probablemente habría sido estudiar una ingeniería. Pero haber crecido en dictadura te hace más sensible a las injusticias que percibes en el mundo que habitas y te compromete a hacer algo para intentar repararlas. Por eso, cuando tuve que decidir qué estudiar, el Derecho aparecía como una herramienta obvia para cumplir esos propósitos. Así fue como me decidí por estudiar esa carrera en la Universidad de Chile y, rápidamente, siendo aún estudiante, me incorporé a trabajar defendiendo los intereses del Estado en el que llamaba el estudio jurídico más grande de Chile: el Consejo de Defensa del Estado.

Ya titulado, me interesó incorporarme al nuevo sistema de justicia penal que se estaba implementando en nuestro país y, el año 2001, me enlisté como fiscal del Ministerio Público en la región del Maule; primero en la comuna de Molina y, al año siguiente, en mi natal Curicó.

El año 2005 fui designado fiscal de la Zona Oriente de la región Metropolitana, donde se encuentra domiciliada buena parte de las empresas más importantes del país. Con el extraordinario equipo con el que trabajaba en la Fiscalía de Alta Complejidad, descubrimos el financiamiento delictual de la política con boletas y facturas ideológicamente falsas.

En primer lugar, en el Holding Penta; luego, en la minera no metálica SQM y, finalmente, en la empresa pesquera Corpesca; casos que tanto impacto generaron en la comunidad. Primero, por la incestuosa relación entre dinero y política, y, luego, por la manera en que se pactó la impunidad transversalmente para la mayor parte de esas conductas. La decisión de apartarnos de las investigaciones de esos casos que tomaron las máximas autoridades de la Fiscalía, nos llevó, junto con mi colega Pablo Norambuena en el año 2018, a renunciar a ella. La gota que rebalsó el vaso fue que la Fiscalía decidió las suspensiones, casi simultáneamente, para los casos del senador Iván Moreria (UDI) y para el de la persona jurídica SQM.

Cuando escribo estas líneas se cumplen justo cuatro años de esa renuncia. En este tiempo he litigado como abogado independiente, he ejercido la docencia en estudios de postgrado en diversas universidades y he participado como columnista en medios de comunicación. En este tiempo, en Chile ocurrió un estallido social y se puso en marcha un proceso constituyente. Desde esta experiencia, y tras estos sucesos, es que escribo este libro sobre los desafíos tiene el sistema judicial y el proceso constituyente en curso.

¿Por qué es importante la confianza en el sistema judicial?

Cuando ejercía como fiscal, era recurrente en reuniones de trabajo reflexionar sobre los niveles de confianza de la ciudadanía en el sistema judicial y la manera de mejorarlos. Sin embargo, cada cierto tiempo escuchaba voces que le ponían paños fríos a esa inquietud, indicando que el sistema, por defecto, siempre dejaba insatisfechas a las personas, que el índice de resolución de delitos, no solo en Chile, sino que en el mundo, era bajo y que, por lo tanto, creer que el sistema podía ser “querido” por los “usuarios” del mismo, era una quimera. En ocasiones me parecían sensatas esas reflexiones y, en otras, me rebelaba a tener que resignarnos a no buscar mayores niveles de credibilidad en nuestro diario quehacer. Por eso me resultó muy sorpresivo cuando, de manera casual, llegó a mis manos un estudio que periódicamente realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, sobre los niveles de confianza de la ciudadanía en sus respectivos países y en las distintas instituciones que conforman el aparato estatal. Así se medía la confianza en los gobiernos y en otras instituciones, entre ellas, el sistema judicial. Ante mi sorpresa y frente a la peregrina idea de que la falta de confianza en el sistema judicial era un concepto extendido y compartido en el mundo, el informe mostraba una realidad muy distinta y dejaba a Chile en los últimos lugares del ranking . El estudio, del año 2016, mostraba cómo países europeos, tales como Noruega, Dinamarca y Suiza, tenían niveles de confianza superiores al 80 %. Mostraba, asimismo, que el promedio de la OCDE alcanzaba el 55 % y que, incluso en Latinoamérica, los índices de países como Brasil (42 %), México (32 %), Colombia (25 %) y Perú (21 %) eran superiores a Chile que rasguñaba el fondo de la tabla con un escuálido 15 % de confianza; esto implica, aproximadamente, que de cada siete personas, solo una confía en el sistema judicial. Busqué el mismo estudio de años anteriores y comprobé cómo, adicionalmente, Chile tenía una tendencia a la baja en la confianza que en el año 2014 alcanzaba un 19 % y en el 2010, un 34 %. Las cifras que se conocieron durante el año 2021 respecto al año anterior ratifican el mismo porcentaje de un 15 %, lo que significa que en una década la confianza en el sistema de justicia en Chile disminuyó diecinueve puntos, siendo después de Turquía –que bajó veintidos puntos–, el país que más descendió en los niveles de confianza medidos durante esa década. Ese es el diagnóstico complejo del principal problema que enfrenta nuestro sistema de justicia, compuesto por un sinnúmero de instituciones que interactúan entre sí y en que pareciera no existir una preocupación real por abordarlo. Es el elefante en la habitación que los operadores del sistema se niegan a ver.

Una primera reflexión que es conveniente abordar es si es importante o no y cuán importante es que exista confianza en el sistema de justicia. Diversos estudios han puesto de relieve la confianza en las instituciones como factor clave y uno de los requisitos fundamentales para una buena gobernanza en pos del desarrollo económico. Adicionalmente, la confianza en las instituciones es un indicador relevante de cohesión social. Probablemente, una de las mayores causas de la desconfianza sea el percibir que las instituciones funcionan en favor de un grupo distinto al que pertenezco. Como se puede apreciar en los gráficos con los que hemos acompañado este libro, Latinoamérica se destaca como el continente donde existe la mayor desconfianza institucional y no solo en la Justicia, según lo recoge, entre otros, el Proyecto de Opinión Pública para América Latina (Lapop) y los distintos estudios que, periódicamente, realiza Latinobarómetro. Pero aún más importante, la confianza en los sistemas de jusitica es clave sobre todo porque la decisión de acudir o no a resolver un problema en el sistema de justicia, reposa en que exista confianza en él. Dicho de otra manera, si no se confía en el sistema de justicia, crecen las opciones de que se decline acudir a él para resolver un conflicto y aumentan consecuencialmente las posibilidades de que se decida: