Rafael Pardo Rueda - 9 de marzo de 1990

© Rafael Pardo, 2020

© Fotografías propiedad de Carlos Eduardo Jaramillo

© Editorial Planeta Colombiana S. A., 2020

Calle 73 n.° 7-60, Bogotá

www.planetadelibros.com.co

Primera edición: abril de 2020

ISBN 13: 978-958-42-8771-7

ISN 10: 958-42-8771-0

Impreso por: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdf

Impreson en Colombia – Printed in Colombia

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A Diana

PRESENTACIÓN

Treinta años después, son demasiadas las imágenes y los momentos que vienen a mi memoria. Después de la experiencia de un nuevo diálogo con las Farc hace apenas pocos años, muchas son las reflexiones cuando aún Colombia atraviesa por el reciclaje permanente de sus guerras de siempre. Y, sin embargo, es mucho lo que hemos cambiado.

Empiezo por lo primero. Tenía 36 años. Corría el año de 1987. El 14 de diciembre fui nombrado consejero presidencial para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación en remplazo de Carlos Ossa Escobar, quien renunció para presentar su candidatura a la Alcaldía de Bogotá. Era la primera elección popular de alcaldes en el país y había sido aprobada tras muchos debates en 1985. Fue la primera ampliación democrática que se hizo después del Frente Nacional.

Grande había sido el ejemplo que imprimió Ossa en nosotros, sus colaboradores, a lo largo de casi dos años. Tal vez la lección más importante fue el trabajo de grupo y el valor que daba a las opiniones e iniciativas de sus asesores. Todas las ideas eran estudiadas y merecían el mayor respeto por parte del consejero que, para esa primera mitad del gobierno de Virgilio Barco, tenía un poder y una influencia que iba mucho más allá de las funciones propias de su cargo. Ossa era una especie de súper ministro en los campos afines a la paz y al Plan de Rehabilitación. Nombramientos, presupuestos, proyectos de ley, declaraciones públicas, en fin, todo aquello que tuviera que ver con desarrollo agropecuario, con organizaciones campesinas, con caminos rurales, con infraestructura campesina, y obviamente con problemas relacionados con la paz, pasaban por su despacho. No había decisión que se tomara en esos campos que no se le consultara a Ossa. Ese poder no era gratuito. Se debía a la coherencia e integralidad que Barco, y sus ministros de Gobierno, Fernando Cepeda y César Gaviria, quisieron imprimirle a la política de paz.

El cargo de consejero presidencial es uno de los recursos tradicionalmente utilizados por los presidentes para reforzar áreas en las que quieren enfatizar su obra de gobierno. En esencia, no son cargos ejecutivos, ni disponen de recursos, ni tienen personal a su disposición. Se trata de funcionarios de confianza del presidente, nombrados a su antojo con funciones asignadas por el jefe de Estado. Y sigue siendo así hoy, con el nombre de alto consejero de Paz, o del Posconflicto o de la Estabilización, como han querido bautizarlo ahora.

La concepción de Barco sobre la paz era amplia y abarcaba mucho más que el diálogo con la guerrilla. La relación entre esta política y la rehabilitación de zonas afectadas por la violencia, le trajeron cada vez más funciones a este despacho. Aunque de manera formal la Consejería no tenía jerarquía sobre el Plan Nacional de Rehabilitación, PNR, que administrativamente dependía de la Secretaría General de la Presidencia, en la práctica este estaba dirigido —por un acuerdo de caballeros— por el consejero de Paz. Sin ser una entidad que tuviera presupuesto propio, ni que ejecutara directamente programas y sin una frondosa burocracia, la Consejería de Paz incidía decisivamente sobre el 14 % del presupuesto de inversión nacional que estaba destinado al Plan; era parte central en las decisiones sobre orden público en el sentido extenso, que incluía estrategias relacionadas con insurgencia, terrorismo, conflicto social y delincuencia organizada; era una voz definitiva en la política agropecuaria, de reforma agraria, de crédito campesino y de infraestructura para las zonas definidas como de rehabilitación, o sea en el 50 % de la geografía nacional.

Ossa renunció el día límite para no inhabilitarse y propuso al presidente mi nombre para sucederle. Ese día salió el decreto de mi nominación en la Consejería y cuatro días después fui designado en propiedad como consejero presidencial para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación.

Es un lugar común hablar del reto que significó el nombramiento, pero en mi caso no es una simple frase de cajón. El Plan Nacional de Rehabilitación era por aquella época el principal logro de la política de paz, pues había despegado y generado un gran impacto en las comunidades rurales, contribuyendo a la estabilidad y recuperación de la legitimidad del establecimiento en las zonas apartadas. Hoy sigo pensando que ese era el camino que hemos debido seguir en Colombia.

Para ese momento, en la expectativa más fuerte y elemento central del desempeño en la Consejería, que era la paz, poco o nada había por mostrar, y lo que era peor, no se vislumbraban muchas perspectivas de cambio. Recibí el cargo con bajo perfil y continué con las políticas, con la metodología y con el equipo asesor de Carlos Ossa.

Cinco personas, seis con el propio consejero, conformaban esta oficina. Ossa había dado un perfil multidisciplinario al equipo de trabajo: Jesús Antonio Bejarano, profesor de la Universidad Nacional, economista e historiador, autor de varios libros y conocedor como pocos de la historia agraria nacional, ya fallecido. Gabriel Silva, politólogo, parte del núcleo inicial que contribuyó a estructurar la política de reconciliación y el PNR, viajó a estudiar y después fue asesor directo de Barco para estar también en la Iniciativa para la Paz. Ricardo Santa María, también politólogo, remplazó a Silva, fue también parte del núcleo intelectual que elaboró las políticas, y además fue permanente negociador y participó en los acuerdos con todos los grupos guerrilleros. Carlos Eduardo Jaramillo, sociólogo, parte del grupo de académicos que estudió las causas de la violencia, se incorporó al equipo ya avanzado el gobierno y estuvo también en todas las negociaciones. Tarcisio Siabatto, veterano experto en desarrollo rural. Rodrigo Zapata, joven dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc, y Reinaldo Gary, sociólogo que se incorporó después al grupo. Siabatto y Gary, tampoco están ya entre nosotros.

Además de la definición de políticas y de la elaboración de posiciones públicas sobre la paz, la guerrilla, el orden público o la rehabilitación, el grupo de trabajo definió poco a poco y con el desarrollo de las circunstancias, normas especiales de comportamiento para los miembros de la Consejería. La posible ambigüedad que puede haber entre el tratamiento político que se da a la guerrilla, por una parte, y el contacto directo con miembros de estas organizaciones delincuenciales, exigía tener principios muy claros y límites relativamente estrechos.

Uno de los pocos cargos en los que no hay ni manual de funciones, ni textos aplicables, es el de consejero para la Paz. A primera vista, se trata de un oficio en el cual hay que hablar con guerrilleros. En parte sí y en parte no. Si para hacer la paz hay que hablar con los guerrilleros, pues toca hacerlo y preferiblemente bien preparado. Pero en lo fundamental, se trata de crear las condiciones políticas para favorecer las posibilidades de paz con la insurgencia. En la Consejería todos los días aparecían personas diciendo que son de la guerrilla y que quieren hablar. Si se empieza por ahí, no se termina nunca y el consejero acaba por llenarse de historias reales o fantásticas. Su oficio principal, entonces, no es hablar con la guerrilla sino aclimatar las condiciones favorables a la paz.