Gustavo Duncan - Democracia feroz: ¿Por qué la sociedad en Colombia no es capaz de controlar a su clase política?

Gustavo Duncan

Democracia feroz

¿Por qué la sociedad en Colombia no es capaz de controlar a su clase política?

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A Adriana, Santiago y Antonio

C olombia es una democracia atravesada por el narcotráfico y la violencia, pero sobre todo por la corrupción y el clientelismo. Cada día la sociedad asiste a escándalos de su clase política, y no sin razón muchos sostienen que una democracia con semejantes atributos es solo una ilusión. Sin embargo, la evidencia indica que en Colombia hay elecciones libres y competidas, presencia de sociedad civil, prensa que vigila y denuncia a los poderes, y no en vano es un país que se precia de una sólida tradición liberal y democrática.

En el presente libro, Gustavo Duncan se hace una pregunta de fondo: ¿qué sucede para que la sociedad, pese a todos los medios que proveen unas instituciones democráticas, no pueda controlar los comportamientos de su clase política?

A través de la reconstrucción de diferentes casos de la historia reciente del país, Duncan descubre las relaciones entre la sociedad y sus dirigentes. Democracia feroz busca las lógicas invisibles de un orden que convive con la corrupción y se blinda al cambio.

GUSTAVO DUNCAN

(Cartagena, 1973): PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de Northwestern (Illinois, Estados Unidos). Actualmente es profesor de la Universidad EAFIT (Medellín), donde enseña Economía Política del Crimen Organizado en el departamento de Gobierno y Ciencias Políticas. Hizo parte de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas en las conversaciones de paz en La Habana. Es autor de Más que plata o plomo (2014) y Los señores de la guerra (2015).

Foto: © Susana Casas Toro

Título: Democracia feroz

Primera edición: marzo de 2018

© 2018, Gustavo Duncan
© 2018, de la presente edición en castellano para todo el mundo:

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ISBN 978-958-54-4619-9

Conversión a formato digital: Libresque

Varios casos de la historia reciente de Colombia describen un problema típico de las relaciones entre sociedad y clase política.

Hugo Aguilar, exgobernador de Santander y nacionalmente famoso por haber sido el policía que dio de baja a Pablo Escobar en un tejado de Medellín, fue enviado a prisión en el 2011. Se le acusaba de haber realizado alianzas con grupos de autodefensa para que apoyaran su candidatura a las elecciones a la gobernación de Santander en el 2003. La justicia lo sentenció en el 2013 a una pena de 9 años. Duraría en prisión solo hasta el 2015, luego de recibir generosas rebajas a su pena. La Procuraduría determinó a su vez que Hugo Aguilar no podría ocupar cargos públicos en los próximos 20 años. Parecía que ese era el final de su poder político en el departamento. Pero aún tenía mucho que decir. Sus problemas con la justicia no impidieron que lograra endosar su caudal electoral a su hijo, Richard Aguilar, quien triunfó en las elecciones a la gobernación de Santander en el período comprendido entre el 2012 y el 2015. Su victoria fue aplastante: obtuvo 481 924 votos, el 56,15 % de la votación total.

No fue fácil. La campaña tuvo que hacerse contra toda la presión social ejercida por los medios de comunicación. Los principales diarios del país denunciaron reiteradamente que Aguilar había negociado el respaldo armado y de recursos de los paramilitares del Bloque Central Bolívar a cambio de participación en la burocracia de la Gobernación. Y eso no era todo. Las denuncias apuntaban a que Aguilar era otra ficha de un entramado de políticos reunidos bajo el aval de partidos bastante cuestionados como Convergencia Ciudadana, Apertura Liberal, Alas-Equipo Colombia, entre otros, que no eran más que organizaciones de fachada para que políticos profesionales como él y sus patrocinadores pudieran disponer a voluntad de los recursos y de los beneficios del Estado (ver al respecto los trabajos de la corporación Arco Iris editados por López (2007 y 2010): Y refundaron la patria… y Parapolítica, la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos). Incluso los medios locales fueron reacios a legitimar las aspiraciones políticas de Aguilar. Vanguardia Liberal, el principal diario de la región, no tenía reparos en publicar reportajes y noticias en su contra. Nada de eso impidió que su hijo ganara cuando él no pudo aspirar por sí mismo a la Gobernación.

La detención de Aguilar no era un caso atípico. En muchas otras regiones de Colombia se experimentó una situación parecida. Alrededor de cien congresistas y un sinnúmero de políticos en las regiones fueron investigados por sus relaciones con los paramilitares. El escándalo dejó claro a todo el país que en una elevada proporción de sus componentes el sistema político estaba comprometido con prácticas y comportamientos por fuera de cualquier ética en una democracia. Y más que eso, demostró que los políticos —al igual que Aguilar— podían burlar las sanciones judiciales mediante la postulación de candidatos de confianza y dependientes de sus votos, quienes al llegar a los cargos públicos se convertían en una extensión de su poder. En la prensa esta figura se conoció como “parapolíticos en cuerpo ajeno”. No fueron pocos: Teresita García, Arleth Casado y Raúl Vives Lacouture son solo unos pocos nombres en la lista de quienes heredaron los votos de políticos involucrados en el escándalo de la parapolítica. Una investigación de Indepaz (Espitia, 2010) encontró que en las elecciones del 2010 al Congreso al menos 15 senadores obtuvieron curules como “para-herederos”.