Jesús Laínz - La gran venganza

«Hemos esperado durante treinta y nueve años, y esperaremos algún año más, pero después nuestra venganza durará cuarenta veces treinta y nueve años. Se lo prometo».

Dolores Ibárruri, Pasionaria, 1974

No es ningún descubrimiento que en España sucede el extraño fenómeno, inconcebible en el resto de Europa, de que mientras son posibles afirmaciones del tipo «España es un error de la historia», «España no es una nación» o incluso «España no existe», lo contrario resulta ciertamente difícil. Quien ose opinar que la existencia de la nación española es evidente, tan evidente como la de cualquier otra nación europea —y en muchos casos con mayor razón y densidad histórica—, será mirado con irónica suficiencia. Y, por supuesto, sobre quien se atreva a defenderla frente a los ataques de los separatismos lloverán anatemas provenientes de quienes consideran que las únicas naciones existentes son las fantasmagorías surgidas hace un siglo de la cursilería separatista.

Esta indefensión de España tiene como causa principal el evidente nacionalismo español del que hizo gala el régimen nacido el 1 de abril de 1939 tras una guerra en la que habían sido vencidos, además de las izquierdas, los separatistas vascos y catalanes. Tomando el rábano por las hojas, no son pocos los españoles actuales que, al identificar España con Franco, rechazan su nación por considerarla un invento franquista.

A quienes hacen encarnar una nación en un gobernante olvidándose del antes y el después cabría preguntarles por qué, entonces, no podría identificarse imprescriptiblemente a Francia con el reinado de Luis XIV, a Inglaterra con Enrique VIII, a Italia con Julio César o a Rusia con Iván el Terrible. Todos esos momentos fueron parte de la historia de esas naciones, pero a nadie se le ocurriría establecer el vínculo indisoluble entre aquellos gobiernos y la nación, como si esta quedara condenada a ejercer eternamente la representación de aquel momento de su historia.

Pero la explicación no termina en Franco, sino que arranca de más atrás y llega más lejos.

Tras la caída del Antiguo Régimen en las agitadas últimas décadas del siglo XVIII y primeras del XIX, la división del espectro político respondió en todos los países europeos a un esquema parecido. Por un lado se encontraban quienes —situados en lo que según el vocabulario político actual podría ser identificado como la derecha— defendían una posición fuerte de los monarcas en el gobierno de las naciones, incluso sosteniendo la residencia de la soberanía en las personas reinantes, así como la confesionalidad de un Estado que debía estar sustentado por la doctrina de la Iglesia.

Al otro lado se encontraban los que, siguiendo la concepción liberal y democrática nacida con la Ilustración y la Revolución francesa, propugnaban la soberanía nacional residente en el pueblo y proclamada en un texto constitucional, así como una menor vinculación con la doctrina y la institución eclesiástica. La historia del constitucionalismo español del siglo XIX es la de los vaivenes entre estas dos posturas.

Con todos los matices dados por las características de cada nación, en toda Europa la división partidista se estructuró de modo similar. En España este enfrentamiento se escenificó violentamente en las guerras carlistas. En otros países sucedieron fenómenos similares; en Francia, por ejemplo, las cruentas guerras realistas en las provincias occidentales en 1793 y 1799, así como los vaivenes entre revolución, bonapartismo y restauración borbónica que no concluirían hasta la instauración de la Tercera República. En Italia el conflicto estalló sobre todo con ocasión de las guerras de unificación. El país europeo que se mantuvo más al margen de estos conflictos fue Gran Bretaña, heredera de una tradición política algo diferente.

La división política decimonónica podría esquematizarse, por lo tanto, en los siguientes tres tercios: los partidarios del mantenimiento de ciertas estructuras del Antiguo Régimen; los liberales o constitucionalistas; y, por último, una creciente tendencia hacia el democratismo republicano, alejado aún de una posterior derivación hacia el socialismo tras la progresiva implantación de las doctrinas de Marx y otros ideólogos revolucionarios.

Con diversas variaciones de tiempo y lugar, este esquema partidista sobrevivió hasta la Primera Guerra Mundial y el transcendental hito de la Revolución Rusa. A partir de ese momento el esquema partidista sufrió una profunda transformación. El parlamentarismo y el capitalismo habían sufrido un grave desprestigio a causa de la guerra y las crisis económicas de los años siguientes, por lo que las opciones autoritarias, de izquierda y derecha, experimentaron un repentino crecimiento. El triunfo comunista en 1917 en Rusia y el fascista en Italia cuatro años después servirían de ejemplo para otros países europeos. Varios sufrieron violentas revoluciones comunistas con diversos resultados, como Hungría y Alemania, mientras que los partidos de corte fascista —las JONS y la Falange en España, el Rexismo en Bélgica, la Guardia de Hierro en Rumania, la BUF en Gran Bretaña— experimentaban notable auge, conquistaban el poder en naciones de la envergadura de Alemania y en otras se situaban cerca de alcanzarlo.

Por el contrario, las derechas reaccionarias desaparecieron o perdieron gran parte de su peso, con la notable excepción del carlismo español, que demostraría su extraordinario vigor en 1936. También gozaron de cierta fuerza la Action Française de Maurras y Daudet así como los partidarios de la restauración imperial en la Alemania de Weimar, muchos de los cuales acabarían engullidos por el Partido Nacionalsocialista mientras otros intentarían infructuosamente asesinar a Hitler.

Una vez más la política europea se dividía en tres tercios, aunque distintos de los del siglo anterior. En el centro se hallaban aquellas opciones políticas partidarias del parlamentarismo democrático, desde el conservadurismo hasta la socialdemocracia. Flanqueando este cuerpo central se encontraban las izquierdas y las derechas revolucionarias, del socialismo al anarquismo en el caso de aquellas, y las diversas variantes de la ascendente derecha revolucionaria en el de estas.

Del alineamiento de estos tres tercios dependerían el desarrollo y el resultado de las guerras que estallarían en 1936 en España y tres años más tarde en toda Europa. Porque, aunque la ingeniería ideológica izquierdista haya construido, con indudable éxito, una visión idealizada consistente en que fueron dos guerras entre la democracia —encarnada en la izquierda— y el fascismo —encarnado en la derecha—, la realidad fue muy otra y, además, —y esto es lo esencial— diferente en cada caso.

En España la Segunda República había llegado más por el abandono de los monárquicos que por la victoria de los republicanos y fue recibida con esperanza por muchos españoles tanto de izquierda como de derecha. No en vano algunos de sus principales impulsores fueron políticos derechistas como Alcalá-Zamora o Miguel Maura e intelectuales no vinculados a los partidos izquierdistas como Marañón, Unamuno, Ortega o Madariaga. Sin embargo, el régimen republicano no tardaría en manifestar su tendencia hacia la violencia, la radicalización y la sectarización izquierdista, lo que produjo el pronto desencanto de muchos de sus promotores y el paulatino desprestigio entre millones de ciudadanos que no consiguieron llegar a considerarlo un régimen político civilizado. Las intentonas revolucionarias de izquierdistas y separatistas, el creciente clima de aniquilación de toda opción política no izquierdista, la violencia inconcebible en un régimen democrático normal —incluido el asesinato del jefe de la oposición—, acabó todo ello provocando que una parte probablemente mayoritaria del pueblo español recibiese la noticia del alzamiento militar con alivio y esperanza. La actitud de las izquierdas consiguió que, además del tercio situado a la derecha del espectro político (falangistas, carlistas, la CEDA y Renovación Española), gran parte del tercio central, el ocupado por centristas, liberales e incluso parte de quienes habían sostenido a los republicanos moderados de izquierda, apoyase al bando alzado. Melquíades Álvarez, fundador del Partido Reformista en el que militara Azaña, fue asesinado en la cárcel Modelo junto a otros políticos e intelectuales de varia ideología y adscripción partidista pero encuadrables, todos ellos, en la categoría de «antirrevolucionarios». Gregorio Marañón, que formara parte de la Agrupación al Servicio de la República junto a Ortega y Pérez de Ayala y en cuyo domicilio se celebrara la histórica reunión entre Alcalá-Zamora y Romanones en la que se decidió la salida de Alfonso XIII de España tras conocerse los resultados electorales, acabaría apoyando el alzamiento e incorporándose a la España franquista: