Lilia Elena Íñiguez Hernández - Gestar, parir y resistir. Ejercicios de autonomía y ciudadanía reproductiva en un poblado alteño de Chiapas

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Íñiguez Hernández, Lilia Elena

Gestar, parir y resistir. Ejercicios de autonomía y ciudadanía reproductiva en un poblado alteño de Chiapas / Lilia Elena Íñiguez Hernández.-- 1a. Ed.-- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 2018.

172 páginas; edición digital.

ISBN: 978-607-543-062-1

1. Muerte materna – Condiciones sociales y económicas – Comunidad Cruztón, Chiapas.
2. Embarazos – Complicaciones y secuelas – Comunidades marginadas – Chiapas.

Colección Thesis Digital, número 1

Primera edición, 2018

ISBN: 978-607-543-062-1

Ilustración de portada: Marco Hernández

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

La edición de esta obra fue posible gracias al financiamiento del Fondo Mixto (CONACYT, Gobierno del Estado de Chiapas).

Este libro ha sido dictaminado por pares académicos.

Impreso y hecho en México / Printed and made in Mexico

Gracias a todas las personas que abrieron un espacio en sus vidas,

sus montañas y corazones para permitir que

este cambio de piel fuera posible, no sin su dolor correspondiente,

pero sí plagado de gozo y satisfacción.

A mis abuelas, madres, hermanas e hijas con amor.

Índice

Introducción

D e acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2015 aproximadamente 830 mujeres morían cada día, a nivel internacional, por causas prevenibles relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio. De este número, el 99% de las muertes ocurrían en países en desarrollo, específicamente en zonas rurales y comunidades con mayores factores de vulnerabilidad económica. La población etaria en mayor riesgo son las mujeres jóvenes y adolescentes, las cuales corren alto peligro de sufrir complicaciones a consecuencia del embarazo y morir.

Para efectos de esta investigación, se entendió por muerte materna a todos aquellos decesos maternos prevenibles que ocurren durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días posteriores al nacimiento por cualquier causa relacionada o agravada por el ciclo gestacional o su manejo, pero no por causas accidentales (OMS 1995).

En el ámbito internacional, la medida generalmente utilizada para identificar y evaluar la existencia y gravedad de las barreras para el acceso a los servicios de salud materna es la Razón de Mortalidad Materna (RMM), la cual expresa el número de mujeres que mueren durante el embarazo, parto o puerperio por cada cien mil nacidos vivos.

La OMS señala que la RMM en los países en desarrollo durante 2015 fue de 239; por el contrario, en los países desarrollados fue de tan solo 12. Ello refleja que existen grandes disparidades entre los países, pero también que hay una diferencia significativa en las poblaciones de mujeres en un mismo país, esto es, entre mujeres con ingresos altos y bajos, así como entre la población rural y la urbana. Por poner un ejemplo de estas diferencias entre estados y territorio, en el estado de Chiapas se tuvo una cifra de 47 muertes maternas, mientras que el estado de Aguascalientes sólo tuvo seis.

En México un gran número de mujeres que mueren por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio pertenecen a comunidades indígenas o viven en condiciones de pobreza. Puntualmente, el estado de Chiapas se ha caracterizado por encontrarse, en las últimas décadas, siempre entre los primeros lugares de muerte materna en el país. Actualmente ocupa el segundo lugar en porcentaje de muertes en relación con la RMM a nivel nacional, sólo por debajo de Durango; y también posee el segundo lugar en número directo de muertes maternas, 47, únicamente por debajo de Estado de México, con 94 (Observatorio de Mortalidad Materna, 2015).

De manera personal, el interés en realizar esta investigación tiene su origen en el trabajo de documentación y litigio de violaciones a derechos humanos, específicamente derechos reproductivos, que desempeñé como parte de la asociación civil Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Dicho trabajo consistía en el acompañamiento, documentación y defensa jurídica de mujeres y familias que han sido víctimas de múltiples violaciones a sus derechos humanos y que se encuentran en busca de justicia. Esta oportunidad me permitió observar la compleja problemática de salud materna que enfrenta la región, específicamente en los casos donde se suman factores de discriminación detonados por el origen étnico y la marginación económica.

En el estado de Chiapas en particular, dos son las historias acompañadas que me dieron elementos para desarrollar la problemática aquí planteada. Por un lado, la muerte materna de Susana Hernández Pérez, indígena tsotsil de la comunidad de Cruztón y, por el otro, el incidente de grave violencia obstétrica y doble pérdida infantil de Silvia Demecio Hernández. Ambos casos han sido acompañados frente a diferentes instancias jurisdiccionales y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y fueron motivo de sendas recomendaciones de derechos humanos en contra del estado de Chiapas.

Los hechos ocurridos a Susana Hernández Pérez se dieron en el Hospital de la Mujer de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Susana se apersonó ahí con fuertes dolores de parto el día 4 de octubre de 2013, cursando un embarazo sano. Al momento de ingresar no le permitieron estar acompañada por su suegra, dado que la señora no hablaba castellano. Susana tuvo que recibir el servicio prácticamente sola, teniendo breves charlas con su esposo, el señor Romeo Pérez López, quien permaneció en todo momento fuera del hospital.

Al ingresarla, el personal de salud le pidió que se desnudara y no le proporcionaron una bata, pues decían que en ese momento no contaban con ésta. La hicieron esperar desnuda, expuesta a la mirada del personal de salud y el resto de las pacientes que se encontraban en la sala de urgencias, lo cual resultó muy penoso para ella y para su familia (sabemos esto por lo poco que pudo compartirles mientras fue atendida ahí).

Susana permaneció internada y sin recibir atención médica los días 4 y 5 de octubre, a pesar de que se le había diagnosticado síndrome de HELLP, el cual es indicador de cesárea inmediata. Fue hasta el 6 de octubre por la mañana cuando se le atendió quirúrgicamente; fueron tres las cirugías que se le realizaron: cesárea, oclusión tubaria bilateral y extracción de vesícula biliar; de esta última intervención no se recabó el consentimiento informado de la paciente ni de la familia.

Finalmente, por una mala atención médica y por carencias en la infraestructura del hospital, Susana falleció tras las operaciones. La familia fue notificada horas más tarde, sin darles una explicación real de los hechos, con un simple “los médicos no somos dioses”. El cuerpo de Susana fue entregado a la familia sin documentos y la recién nacida Susana Alexander (SA) que le sobrevivió fue dada de alta sin realizar ninguno de los protocolos de salud indicados ni una limpieza adecuada, y sin dar instrucciones pertinentes para sus cuidados y alimentación. Horas más tarde, fue necesario volver a internar a la neonata por presentar problemas respiratorios graves, pero en esta ocasión se acudió al servicio de salud privado. Finalmente SA logró sobrevivir, pero con afectación a su salud.