Ignacio Cabrera - El sindicato

EL SINDICATO

de IGNACIO CABRERA & J.D. LISBONA

Título original: El sindicato

Edición en formato digital: Diciembre 2014

© 2014, J.D. Lisbona & Ignacio Cabrera

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ISBN-13: 978-84-617-2879-4

ISBN-10: 84-617-2879-3

ÍNDICE

Todo aquel que aspira al poder

ya ha vendido su alma al diablo.

Johann Wolfgang von Goethe

La crisis económica del siglo XXI

Por Nicolás Roduá

Durante la primera década del siglo XXI, se inició la mayor crisis económica sufrida hasta el momento por los países del llamado Primer Mundo. Y, aunque mientras escribo estas líneas se lanzan mensajes optimistas de recuperación, se prevé que tendrán que pasar muchos años hasta llegar a alcanzar un nivel de vida como el que existía anteriormente, si es que ese modelo de bienestar se recupera algún día…

Fue en el año 2007 cuando se detectaron en España datos que indicaban el descenso en el ciclo económico. A pesar del primer intento de negar la evidencia, por intereses políticos, las “lógicas” que rigen la economía actuaron sin compasión. Si bien la crisis se desató a nivel mundial, los analistas españoles ya habían lanzado con anterioridad la voz de alarma debido al peso que tenía el sector de la construcción en la economía nacional. Ante la falta de confianza de los mercados y el retraimiento del sistema de crédito de las entidades financieras, se paralizó la construcción, donde ya había un claro excedente de viviendas debido al auge que tenía el mercado inmobiliario (atractivo para todo tipo de especuladores e incentivado por las propias Administraciones Públicas, que obtenían en dicha actividad su mayor fuente de ingresos). La economía se congeló y, como consecuencia, se incrementaron de forma exponencial los niveles de desempleo hasta cotas nunca antes conocidas. Esto haría que se pusiera en cuestión el sistema y que fuera necesario buscar salidas a la situación.

Por una parte, hubo analistas que propusieron opciones “keynesianas”, con mayor intervención del Estado en la economía, aumentando la regulación de los mecanismos económicos para garantizar una salida de la crisis y que ésta fuera lo menos perjudicial posible para el conjunto de la sociedad. Sin embargo, la postura que se impuso fue la contraria. El término de moda para los grandes poderes económicos fue “austeridad”. La nación de la Unión Europea que defendía con más ahínco esta postura era Alemania, casualmente el país donde estaban los acreedores de deuda pública de los países más afectados por la crisis. Básicamente, lo que proponía era rebajar al mínimo el gasto público para que los Estados pudieran hacer frente a las deudas que éstos tenían en el mercado financiero. Es decir, se instaba a dejar de gastar en los ciudadanos para tener dinero suficiente con el que sostener a los bancos, los cuales estaban al borde de la quiebra al haber prestado más dinero del que tenían. Para llevar a cabo esta directriz, en España se modificó la Constitución de forma urgente, en época vacacional, sin debate público y con un atronador silencio mediático. Un tiempo después se supo que esa reforma había sido ordenada por “poderes económicos de ámbito internacional”.

Como consecuencia de todo ello, la inmensa mayoría de las familias españolas han sufrido la crisis en mayor o menor medida. Al dejar de fluir el crédito, las empresas tuvieron problemas para financiarse, paralizando en algunos casos su actividad y, en otros, reduciendo efectivos o costes laborales. Eso hizo que aumentase el número de desempleados y que disminuyese el nivel adquisitivo de los afortunados que conservaban su empleo; con lo cual, al mismo tiempo, reducían su volumen de gasto. La economía no crecía, se paralizaba y había peligro de que entrase en recesión.

Con la imposición de la doctrina de la “austeridad”, las Administraciones Públicas no podían gastar dinero, por lo que muchas empresas que estaban habituadas a obtener gran parte de sus ingresos en dinero público se encontraron desorientadas. Si bien ya estaban acostumbradas a tener que presionar o embaucar al político de turno para conseguir determinadas adjudicaciones, ahora hacía que esos contactos fuesen muchos más valiosos y los movimientos eran desesperados por hacerse con los escasísimos proyectos públicos.

En respuesta directa a estas medidas, la sociedad española se fue empobreciendo en su mayor parte (salvo aquellos sectores con un nivel adquisitivo tradicionalmente alto, que paradójicamente vieron cómo aumentaban más sus beneficios). Esta situación de disminución de calidad de vida en gran parte de la población, provocaría una reacción de ésta contra los grupos que mantenían sus privilegios. En particular, contra la clase política. Se empezó a generalizar la expresión de “casta política” para definir a los que cada vez menos gente aceptaba como los representantes legítimos del pueblo. Por un lado, se crearon de manera espontánea movimientos ciudadanos como el llamado 15-M o las plataformas contra los desahucios, que buscaban una forma alternativa y más directa de defender los derechos de los electores. Y, por otro lado, se reforzó la crítica hacia la corrupción de los políticos, con denuncias en los medios de comunicación.

La desconfianza de la ciudadanía se extendió a todas las instituciones del Estado: Se puso en cuestión la utilidad de la monarquía, se reclamó la revisión de órganos de representación territorial, como el Senado, para que fuera más eficaz en su labor representativa o, en caso contrario, se suprimiera. Se criticó el partidismo dominante en la nominación de los miembros de los órganos judiciales: Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, etc.

Como organizaciones básicas de nuestro sistema se encuentran los sindicatos, reconocidos para el ejercicio de la libertad sindical por el artículo 28 de la Constitución Española. Como era previsible, esta figura representativa de los intereses de los trabajadores también fue puesta en cuestión, casi al mismo nivel que el de los Partidos políticos. Hubo un sentimiento de traición en las clases trabajadoras cuando vieron cómo sus representantes no sólo no actuaban en defensa de sus intereses sino que, más bien, pactaban acuerdos con la clase política en perjuicio suyo; o simplemente se mantenían impasibles, sin hacer nada para evitar despidos, bajadas de salarios, aumentos de jornada… En definitiva, se empezó a percibir a los sindicatos como grandes empresas que velaban más por conservar los intereses de su Organización que por defender a sus representados.

Los medios de comunicación también sufrieron la crisis. Por un lado, se produjeron despidos de periodistas como en cualquier otro sector. Por otra parte, se dio la circunstancia de que los problemas de financiación hicieron que se concentrasen muchos Medios en manos de unos pocos grupos económicos, los cuales, además, imponían una línea editorial favorable a sus intereses. La confluencia de objetivos existente entre esos grupos económicos y la clase política provocó que la información que transmitían a la ciudadanía, a través principalmente de radio, prensa y televisión, no se correspondiera con lo que estaba sucediendo realmente. Sin embargo, este sistema que podría haber resultado eficaz en otros tiempos (léase el clásico 1984 , de George Orwell), con Internet y sus redes sociales quedó en evidencia, provocando un efecto totalmente contrario al pretendido y, por tanto, aumentando la desconfianza en el sistema ; en todas las instituciones, sin excepciones.