SERVICIOS DE INTELIGENCIA:
¿FUERA DE LA LEY?
Fernando Rueda
1.ª edición: marzo, 2014
© 2014 by Fernando Rueda
© Ediciones B, S. A., 2014
Consell de Cent, 425-427 - 08009 Barcelona (España)
www.edicionesb.com
Depósito Legal: B 8266-2014
ISBN DIGITAL: 978-84-9019-792-9
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Para mi padre, por su complicidad eterna.
Para la abuela Paquita,
a la que tanto queremos los Rueda Gil
Contenido
Prólogo
SERVICIOS SECRETOS E INFORMACIÓN
La necesidad de la información
Los procesos de decisión dependen esencialmente de tres factores: de la información que tengamos, de los sentimientos y del contexto en el que se tienen que producir. Las llamadas decisiones científicas son aquellas que se basan exclusivamente en la información. Si las decisiones acertadas son las que conducen al éxito, es obvio que poseer la información determinante en cada momento es una necesidad tanto en el plano personal como institucional.
La adquisición de la información
La adquisición de la información ha sido, es y será una preocupación permanente del ser humano. Los estados no pueden ser ajenos a esta tendencia. A medida que el mundo va siendo más complejo las necesidades de información se han ido incrementando. Hoy se puede afirmar que los estados son organizaciones con una capacidad enorme de adquirir, procesar y utilizar información.
El sistema de recogida de información ha ido mejorando de tal manera que, para poner un ejemplo, la Hacienda Pública lleva mejor las cuentas de ingresos de los ciudadanos que ellos mismos.
A pesar de lo anterior, este sistema tiene carencias y por tanto se producen vacíos informativos. Hay información que no llega por los procedimientos habituales y es cuando surge la necesidad de arbitrar formas de adquisición no convencionales capaces de rellenar esas lagunas. Es así como surgen los llamados servicios secretos de información, hoy denominados servicios de inteligencia.
La necesidad de su existencia sólo se puede justificar desde este enfoque. Sin querer minusvalorar la información que adquieren, lo que realmente les da carácter es la forma de adquisición. Es desde esta perspectiva como hay que entender estos servicios, no como los responsables de suministrar la información que necesita el Gobierno para gobernar, sino sólo aquella que por las vías normales no se puede conseguir.
Una realidad incuestionable es que la información proporciona seguridad tanto militar, como económica y social, y también superioridad respecto a quienes no la poseen. Estas razones hacen que en una sociedad competitiva como en la que vivimos es importante, por un lado, tener toda la información de nuestros competidores, contrarios o enemigos y, por otro, tratar de impedirles toda información sobre nosotros. Es así como se genera la llamada «batalla informativa», que se libra con igual intensidad en épocas de paz, de conflicto o de guerra.
En la llamada «sociedad de la información» en la que vivimos esto es una enorme contradicción: por un lado defendemos la libre circulación de la información, la transparencia y la universalidad de conocimiento y por otro establecemos limitaciones protegiendo determinadas informaciones. Ante la imposibilidad de blindar tanto la información como el conocimiento, se busca la superioridad en el ritmo de desarrollo: quienes no generen conocimiento están condenados a ir detrás de aquellos que sí lo hacen. La superioridad de Estados Unidos o de Japón y Alemania reside, en gran parte, en su desarrollo científico-tecnológico. El mantener esa superioridad supone un esfuerzo permanente en materia de investigación, y será real mientras sean capaces de realizarlo. Eso de que «investiguen ellos» es resignarse a ocupar un segundo plano permanentemente.
Si hemos desarrollado este último punto es para poner de manifiesto la existencia de esa otra vía de adquirir información que es la investigación cuyos resultados los gobiernos van a proteger. El espionaje científico e industrial es una realidad que ha ido adquiriendo cada vez mayores dimensiones y que afecta no sólo a los gobiernos, sino también a las empresas.
La reserva de información
La Unión Europea establece que se puede restringir la información en las siguientes áreas: defensa nacional, relaciones con otros estados, relaciones con organismos internacionales, asuntos comerciales, financieros y fiscales, temas referidos a la persecución y prevención de delitos, en determinados aspectos de la administración de justicia y todo aquello que viole la intimidad de las personas y haga referencia a los archivos personales y clínicos. La legislación sobre la denominada información reservada de los diferentes países recoge estos puntos y establece limitaciones a la libre circulación de la información.
Algunos de estos puntos son claros, pero otros ofrecen no pocas dudas, y quien posee esa información, aun suponiéndole buena fe, puede pecar de exceso de celo y optar por la restricción antes que por la difusión. Así se puede privar a los ciudadanos de gran parte de la información que deberían poseer. Es evidente que esto es restringir el derecho a estar informado.
El uso correcto de la información
Cualquier proceso informativo puede sufrir una serie de perversiones tanto en la adquisición como en la difusión. Este riesgo se acentúa cuando se utilizan procedimientos no convencionales y se investigan aspectos que pueden estar dentro de lo que hemos denominado zonas reservadas. El problema es el de siempre: ¿quién vigila al vigilante?
Los problemas más grave que han tenido a lo largo de los tiempos todos los servicios de inteligencia han sido los derivados de la conducta de algunos de sus agentes. Basta que uno de ellos se desvíe para que el servicio se resienta. La tentación de utilizar la información en beneficio propio, la de venderla al mejor postor, la de utilizar procedimientos no admisibles en una sociedad democrática, la de querer demostrar su poder, el chantaje, etc., son tentaciones que en algunas ocasiones aparecen con consecuencias, no siempre conocidas pero otras veces muy notorias.
Pero no son sólo los agentes, también los gobiernos a veces hacen un uso indebido de los mismos asignándoles misiones que son de dudosa legalidad.
Los mecanismos de control de estos servicios, tanto jurídicos como políticos, son más formales que efectivos. Controlar a un agente cuando su actuación está amparada por la clandestinidad es tarea casi imposible. El mejor control es el que se basa en el sentido ético y la competencia profesional de los agentes, cualquier otro mecanismo presentará siempre lagunas de consecuencias imprevisibles.
El periodismo de investigación
Decía John Stuart Mill que «revelar al mundo algo que le interesa profundamente y que hasta entonces ignoraba, demostrarle que ha sido engañado en algún punto vital para sus intereses temporales o espirituales, es el mayor servicio que un ser humano puede prestar a sus semejantes». Si aceptamos este principio, el deber principal de todos los que participan en el proceso informativo es hacer llegar al ciudadano toda la información sin limitaciones de ningún tipo. No es una misión exclusiva del periodista, también lo es de las fuentes.
Pero la realidad es que las fuentes en algunas ocasiones no proporcionan toda la información que tienen y cuando la difunden no siempre lo hacen de manera clara, concisa y en el momento oportuno. Esto ha hecho que el periodista no pueda limitarse a ser un mero mediador entre los actores de la información y sus audiencias, necesita investigar cada noticia para poder ofrecer una información completa a sus lectores y no estar sometido a los intereses de las fuentes.
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