Guillermo Mastrini - Medios en guerra. Balances, crítica y desguace de las políticas de comunicació 2013-2016

Guillermo Mastrini y Martín Becerra

El gobierno de Mauricio Macri transitó ya su primer año. Resultan habituales las discusiones y los debates en torno a la política económica y social, donde se observa una profunda división entre defensores del kirchnerismo y partidarios del nuevo gobierno. Sin embargo, hay un sector donde los cambios han sido radicales sin que la sociedad se haya hecho eco: la comunicación y su regulación política. Luego de la asunción de Macri el 10 de diciembre de 2015 una serie de medidas, varias al límite de la legalidad y adoptadas por decreto, implicaron un giro de 180 grados en la regulación del sector audiovisual. Sin debate público, el Congreso de la Nación consintió los cambios en una sesión en la que no se supo el detalle del resultado de la votación, ni quiénes votaron a favor o en contra. Con la nueva regulación se eliminaron varios límites a la concentración de la propiedad, se dejó de considerar a la televisión por cable sujeta a la ley audiovisual (se la incluye dentro del sector de las telecomunicaciones) y se reformularon las autoridades de aplicación, vinculándolas directamente al gobierno y eliminando instancias de participación de la sociedad civil.

Cabe preguntarse cómo ha sido posible semejante transformación en tan poco tiempo. Si la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ( LSCA ) fue uno de los emblemas de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, los hechos parecen demostrar que tenía pies de barro. Para entender la situación resulta conveniente repasar las políticas de comunicación de la etapa kirchnerista. El objetivo de este libro es analizar las políticas de comunicación durante los doce años de gobiernos del Frente para la Victoria. Desde nuestra perspectiva es importante estudiar el período completo, analizando sus continuidades (la importancia de los medios) y sus rupturas (alianza con los grandes grupos durante el gobierno de Néstor, conflicto durante los gobiernos de Cristina). Para ello se propone un análisis tanto general como focalizado en algunos aspectos clave del proceso, donde se analizarán las políticas implementadas, y se procurará analizar el saldo de lo actuado y las tareas pendientes. Este balance se torna impostergable ante la emergencia de un gobierno que propone una agenda “clásica” de corte empresarial.

Los años kirchneristas serán recordados, entre otros motivos, por el intenso debate en torno al rol de los medios de comunicación. En efecto, casi como nunca antes, las políticas de comunicación se volvieron visibles, discutibles, opinables. El interés público en la materia no quedó acotado a pocos actores como hasta entonces, sino que se vio permeado por los aportes de diversas fracciones de la sociedad civil: organizaciones de radios comunitarias, académicos, sindicatos, ONG , consumidores y demás interesados impulsaron sus iniciativas en un contexto promovido por un gobierno que rompió la inercia en la materia.

Cabe recordar que en nuestro país siempre existieron políticas de comunicación, aunque en la mayoría de los casos de escasa transparencia pública. La regulación de la comunicación fue el resultado de acuerdos tácitos entre el Estado y los propietarios de medios (Fox y Waisbord, 2002). Para la prensa escrita, la regulación quedó basada en los mandamientos constitucionales que garantizan la libertad de expresión y de prensa. En el sector de la radiodifusión, se basó en leyes o reglamentaciones que otorgaban licencias para operar estaciones de radio y televisión al sector privado comercial, que se financió a través de la publicidad. Y, finalmente, en el sector de las telecomunicaciones el Estado tuvo mayor participación hasta la década del 90, como operador monopólico, a través de lo cual procuró desarrollar políticas de servicio universal y alcanzar a la mayor parte de la población. No siempre tuvo éxito en dicha tarea. A partir de la década de 1990 se conformó un oligopolio privado.

En la Argentina los medios de comunicación tuvieron un importante desarrollo durante el siglo XX . Este desarrollo estuvo ligado al protagonismo del sector privado y siguió un modelo comercial, competitivo y basado en la publicidad y en las ventas a un mercado interno de consumo cultural per cápita mayor que el promedio latinoamericano (Ford y Rivera, 1985; Fox y Waisbord, 2002). Tanto la industria editorial como la radio y la televisión han mostrado una fuerte tendencia a centralizar la producción de sus contenidos en la ciudad de Buenos Aires. Por su parte, la televisión abierta mostró durante largos años una dependencia de los contenidos norteamericanos. Sin embargo, desde 1990 se asiste a una mayor capacidad para generar contenidos nacionales (capacidad que registra antecedentes a fines de la década de 1960), incluso en el área de ficción: el prime time ha sido copado por producciones nacionales. Los contenidos extranjeros siguen predominando en la televisión por cable, con numerosos canales de películas y series de Estados Unidos (Mastrini, 2009).

Desde la recuperación del sistema constitucional en diciembre de 1983, tras el colapso de la dictadura de 1976-1983, cuatro procesos caracterizan al sistema de medios de comunicación: primero, el destierro de la censura directa; segundo, la concentración de la propiedad de las empresas en pocos pero grandes grupos; tercero, la convergencia tecnológica (audiovisual, informática y de telecomunicaciones), y por último, la centralización geográfica de la producción de contenidos (Becerra, 2010).

Este libro se centra en el examen de los doce años de gobierno conducidos por el kirchnerismo, que concluyó el 10 de diciembre de 2015. En consecuencia, corresponde diagnosticar, comprender y evaluar las políticas desplegadas en el período relativas al sector de los medios y actividades colindantes.

Al cabo de esos doce años de presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015), la Argentina exhibe cambios y novedades referidos al sistema de medios de comunicación, a la participación de distintos actores dentro de él, a su regulación legal, a las relaciones entre el gobierno y las empresas mediáticas por un lado, y entre el gobierno y el periodismo por el otro; a la convergencia entre medios y otras industrias infocomunicacionales (internet y telecomunicaciones) y a la economía de los medios de comunicación. Se trata de un legado intenso, con discusiones sociales extendidas sobre la función de los medios y de los periodistas, con nuevas leyes y desplazamientos económicos.

Ese legado puede conservarse o modificarse (y si se lo hace, futuras modificaciones podrán perseguir objetivos coherentes con las políticas previas o podrán guiarse por fines diferentes como parecen indicar las primeras medidas de Macri), pero condicionará el futuro de las políticas de comunicación en el país.

El balance que se presenta en este trabajo adopta una perspectiva analítica que toma como ejes la estructura del sistema de medios, sus principales actores políticos, económicos y sociales, su regulación legal y el proceso de cambio tecnológico en curso.

Las políticas de comunicación de los gobiernos kirchneristas desafiaron la impronta histórica que estas tenían. Con un aparato conceptual más cercano a la sociedad civil y a la academia que al sector empresarial, la regulación en la materia propuso una nueva agenda donde primaron conceptos como derechos humanos, participación, además de restricciones a los procesos de concentración.

El punto más saliente de la política comunicacional kirchnerista fue la sanción de la LSCA , una reforma regulatoria orientada a modificar las dinámicas y los sistemas mediáticos heredados de la etapa neoliberal. De acuerdo con Silvio Waisbord (2013: 17), esto se debe a que “el populismo contemporáneo continúa su histórica preocupación por la mediatización de la política y la politización de los medios. Esa sensibilidad está inscripta en su ADN político”.