Raúl Olmos - El saqueo corporativo

ÍNDICE

I. Sobornos en hospitales.
Historias de corrupción en el sector salud

II. Aquí se apuesta la vida.
La salud pública y los intereses de las corporaciones

III. La sombra de Walmart.
Las acusaciones de sobornos, contrabando, elusión fiscal…

IV. Las multinacionales mandan.
Historias de cómo la corrupción se enraizó en Pemex

V. La entrega total.
La reforma energética para las multinacionales

VI. Los negocios oscuros.
Corrupción corporativa + poder político = impunidad

VII. Los cárteles empresariales.
Artimañas corporativas para acaparar el mercado

VIII. China Inc.
El turbio avance de las corporaciones chinas en México

IX. La riqueza bajo tierra.
El saqueo de las mineras extranjeras

X. Ganancias vs. derechos.
Cuando las utilidades se anteponen al bien colectivo

INTRODUCCIÓN

La triple epidemia de México

Los servicios de salud colapsaron. Cada hora 23 mexicanos fallecían a causa de la epidemia y el problema, en vez de contenerse, seguía evolucionando, imparable. El presupuesto disponible era insuficiente para atender a tantos enfermos, que al año sumaban millones. La declaratoria de emergencia de salud no había servido de nada. Ni pacientes ni autoridades respetaban las medidas de contención y la enfermedad se propagaba, incontenible. El escenario era devastador y ya afectaba a uno de cada tres niños y a siete de cada 10 adultos. Los decesos sumaban 200 mil al año y el gasto en atención médica superaba los 150 mil millones de pesos. El problema de salud también impactaba a la economía, con el equivalente a la pérdida de 400 millones de horas laborales o 184 mil empleos. La epidemia se había expandido, silenciosa pero constante, hasta aquejar a la mayoría de los mexicanos. Había alternativas para frenar su avance y revertir paulatinamente el daño, principalmente para la población infantil. Las autoridades habían ordenado alertar de la fuente de “contagio”, para evitar que la enfermedad siguiera propagándose. Pero grandes corporaciones intentaban, por todos los medios legales, frenar el acceso a ese remedio simple y barato. Aplicar medidas preventivas les implicaba pérdidas millonarias. Privilegiaban sus utilidades por encima de la salud pública. Finalmente, eran ellas las que —de alguna forma— habían contribuido a la multiplicación de casos mediante una engañosa estrategia publicitaria y la comercialización, durante décadas, de productos altamente nocivos.

La epidemia de la que hablo no es la del covid-19. Es una más funesta y de mayor expansión que fue declarada cuatro años antes, mediante la emergencia epidemiológica EE-4-2016. El motivo de esa alerta fue la inquietante expansión del sobrepeso y la obesidad que, en ese momento, aquejaba a 70% de la población adulta y que, junto con enfermedades asociadas como la diabetes e insuficiencia renal, absorbía el equivalente a 34% del gasto público en salud. México ocupa desde entonces el deshonroso primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en adultos. La curva de crecimiento de casos no logró frenarse, lo que obligó a las autoridades a ratificar la emergencia en febrero de 2018 y, dada la gravedad, tiene plena vigencia actual.

Así que cuando en marzo de 2020 se declaró la contingencia sanitaria por el covid-19, confluyeron en México dos epidemias. Lo peor: esa confluencia provocaba el riesgo de que se multiplicara el número de decesos porque las personas obesas o con sobrepeso son más susceptibles a padecer enfermedades respiratorias y los diabéticos tiene un sistema inmunitario debilitado.

Las dos epidemias se han agravado con una peste que, desde hace décadas, ha infestado todos los ámbitos de nuestra sociedad: la de la corrupción. La complicidad del poder político y económico facilitó el saqueo de fondos públicos. Los sobrecostos, que se han vuelto costumbre en prácticamente todos los contratos gubernamentales, han encubierto con frecuencia el pago de propinas, dádivas o sobornos a funcionarios. Y cada vez que un gobierno paga productos a precios inflados, quita dinero a servicios públicos, como la atención a la salud.

Cuando una proveedora de medicinas paga una propina para obtener un contrato en un hospital, suele incrementar el precio del producto para poder cubrir el costo del soborno. El gobierno, a su vez, debe pagar más por cada fármaco y su presupuesto se reduce para adquirir otros bienes o para atender a más enfermos. Y la desatención a pacientes graves puede derivar en la muerte.

Para ilustrar lo anterior de manera simple, va el siguiente ejemplo hipotético: la administración de un hospital tiene un presupuesto mensual de un millón de pesos para atender a pacientes con cáncer; un directivo contacta a una farmacéutica y le pide una propina de 100 mil pesos al mes para darle el contrato de los medicamentos; el proveedor acepta, pero a sus productos les debe aplicar un incremento de 10% para cubrir el soborno. Cada medicina, que solía venderla en mil pesos, ahora la vende en mil 100 pesos. Al precio original, al hospital le alcanzaba para comprar mil dosis para igual número de pacientes, pero con el sobreprecio sólo puede comprar 900. Habrá 100 enfermos que se quedarán sin tratamiento, y eso seguramente les ocasionará el deterioro de su salud o la muerte.

Otro caso, pero éste real: en un contrato asignado en abril de 2020 en la emergencia sanitaria por covid-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) compró 20 ventiladores respiratorios con el dinero que alcanzaba para adquirir 40. Los sobrecostos pusieron en peligro la vida de pacientes que requerían con urgencia el equipo de respiración asistida.

Ésta es la realidad cotidiana que se vive en México. Durante décadas, los hospitales públicos, en particular los del IMSS, han disminuido la calidad de sus servicios o han dejado de atender a sus enfermos a causa de la corrupción. Grandes multinacionales han inflado el precio de sus medicamentos, implantes y equipos médicos para cubrir el costo de los sobornos. Historias de corrupción corporativa, en complicidad con el poder político, son las que nutren este libro.

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La noche del miércoles 18 de marzo de 2020 un hombre de 41 años, originario del Estado de México, falleció en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, por una neumonía provocada por el coronavirus. México estaba en la fase 1 de la emergencia sanitaria, en la que los contagios eran importados, es decir, provenían de otros países; sin embargo, aquella que fue la primera víctima mortal de la epidemia no había viajado al extranjero. Su esposa sospecha que la infección ocurrió en un concierto al que acudieron dos semanas antes, en el Palacio de los Deportes, de la banda sueca de heavy metal Ghost. Al día siguiente de ese primer deceso, un hombre que había llegado procedente de California falleció tras acudir a recibir atención médica de urgencia en la clínica 46 del IMSS, en Gómez Palacio, Durango. La tercera y cuarta muerte de la epidemia del covid-19 ocurrieron el 23 de marzo; un caso se registró en la clínica 11 del IMSS en Jalisco y el otro, en la Ciudad de México. Contra la creencia popular de que el virus no afectaba a los jóvenes, el 30 de marzo un joven de 29 años de edad, originario de Bahía de Kino, murió en una clínica del IMSS en Nogales, Sonora. En las siguientes semanas los casos se multiplicaron hasta sumar cientos por día. Colima, que fue la última entidad mexicana en ser afectada por el coronavirus, reportó la noche del 16 de abril de 2020 su primer deceso: una mujer de 52 años de edad.

Todas las muertes anteriores tuvieron una característica en común: ocurrieron por insuficiencia respiratoria complicada por enfermedades vinculadas con el sobrepeso. Las primeras víctimas del covid-19 fueron, a la vez, víctimas de la epidemia de obesidad y diabetes.

Este patrón de confluencia de las dos epidemias se ha mantenido a lo largo de la emergencia sanitaria. El 44% de los decesos atribuidos en México al coronavirus han sido de personas que padecían hipertensión; 43%, diabetes; y 40%, obesidad. La suma supera el 100% porque, con frecuencia, un mismo paciente padecía dos o más enfermedades.