José Luis Martínez - Documentos cortesianos II. 1526-1545. Sección IV. Juicio de Residencia

Nota General

El 4 de julio de 1526 llegó a la ciudad de México el juez pesquisidor Luis Ponce de León, encargado de tomar juicio de residencia a Cortés, quien acababa de regresar de las Hibueras. Ponce de León presentó sus provisiones reales, desposeyó a Cortés de su vara de gobernador, hizo pregonar la residencia, cayó gravemente enfermo —se dijo que por haber comido unas natas y requesones— y murió el 20 del mismo mes de julio dejando como sustituto a Marcos de Aguilar. La residencia quedó aplazada.

Aguilar, que era viejo y tullido, murió también en marzo de 1527 y el gobierno de la Nueva España quedó en manos de los oficiales reales encabezados por el tesorero Alonso de Estrada, quien desterró de la ciudad de México a Cortés. Hostigado por las nuevas autoridades, el conquistador decide viajar a España en marzo de 1528. En diciembre de este año llega a tomar el gobierno de Nueva España la primera Audiencia, presidida por Nuño de Guzmán, enemigo de don Hernando, uno de cuyos encargos es tomar la residencia a Cortés y a los oficiales reales (Real cédula, Madrid, 5 de abril de 1528).

Para la realización del juicio, iniciado en enero de 1529 —llevado en ausencia de Cortés y sin la intervención de sus procuradores—, se formuló un cuestionario con 38 preguntas, más 15 del "capítulo secreto", y 15 más relativas a la actuación de los oficiales reales. Se recogieron las declaraciones de 22 testigos, encabezados por Bernardino Vázquez de Tapia y entre los que figuraban algunos conquistadores conocidos: Gonzalo Mejía, Cristóbal de Ojeda, Juan de Burgos, Francisco Verdugo, Antonio de Carvajal, Francisco de Orduña, Bernardino de Santa Clara y Gerónimo de Aguilar, el náufrago intérprete, todos ellos enemigos de Cortés o al menos malquerientes.

Las declaraciones de Vázquez de Tapia, el primero de los declarantes, parecen dar la pauta, y la mayor parte de las respuestas de los demás se limitan a repetir las acusaciones contra Cortés del enconado don Bemardino: que tenía mucho oro, que quería levantarse con la tierra, que se hacía casas con torres, que tenía mucha artillería, que se echaba con todas las mujeres que había en su casa aunque fuesen hermanas o madre e hija, que jugaba y consentía blasfemias y que era sospechoso de la muerte de quienes intentaron oponérsele.

El testigo Juan de Burgos contribuyó con una novedad: la acusación a Cortés del asesinato de su mujer Catalina Xuárez Marcaida, luego reforzada por Antonio de Carvajal. Para seguir ese hilo, se llamó a una averiguación complementaria a varias mujeres testigos de los hechos. Todo esto, debidamente alentado por Guzmán, Matienzo y Delgadillo, movió a la madre y al hermano de la difunta Catalina a iniciar un proceso criminal, paralelo al juicio de residencia, acusando a Cortés de haber dado muerte a su primera mujer. Este proceso es un pintoresco chismorreo de criadas que, a pesar de su inconsistencia jurídica, consigue dar la evidencia de la culpabilidad de Cortés. Un poco más tarde, los parientes de Catalina promovieron otro juicio reclamando al conquistador las gananciales habidas durante el matrimonio.

Las acusaciones contra Cortés se presentaron entre enero y abril de 1529. En mayo siguiente, uno de sus procuradores en México, García de Llerena, inició la defensa manifestando que existían irregularidades en el juicio, que los 90 días señalados habían pasado y que Cortés se encontraba ausente. En septiembre, los procuradores recusaron como jueces a Guzmán, Matienzo y Delgadillo, a quienes consideraban invalidados por su enemistad contra Cortés. La recusación no fue aceptada. Y en octubre de 1529 García de Llerena presentó, en nombre de Cortés, unos Descargos para refutar las acusaciones hechas a Cortés en el “capítulo secreto”.

Cuando el juicio ya se encontraba sobreseído y su documentación había sido enviada al Consejo de Indias, y cuando en la Nueva España gobernaba ya la segunda Audiencia, Cortés, de nuevo en México, solicitó y logró que se reabriera el juicio y el 14 de enero de 1534 entregó nuevos Descargos a las acusaciones del “capítulo secreto”. En dos documentos sin fecha, que deben ser de principios de 1534, el conquistador presentó un enorme Interrogatorio general de 380 preguntas, más otro de 42 preguntas acerca de las acusaciones del “capítulo secreto”. A este total de 422 preguntas —que constituyen un pormenorizado repaso de los hechos públicos y de algunos de los privados de Cortés, desde 1518 hasta su regreso de las Hibueras en 1526 y la iniciación del juicio— debían contestar los 26 testigos de descargo que se presentaron. Éstos iniciaron sus declaraciones el 21 de abril de 1534 y las concluyeron el 27 de agosto de 1535. Entre los testigos había conquistadores distinguidos, como Luis Marín, Andrés de Tapia, Juan Jaramillo y Francisco de Montejo; soldados que habían servido a Cortés en cargos de confianza, como Alonso de Villanueva y Francisco de Terrazas, antiguos alcaldes y regidores de la ciudad, como el bachiller Juan de Ortega, Juan de Salcedo, Francisco de Solís, Gonzalo Rodríguez de Ocaña y Francisco Dávila, y tres franciscanos, encabezados por fray Toribio Motolinía.

El juicio continuó reavivándose de tiempo en tiempo. En 1537 se ordenó a Cortés que compareciera ante el Consejo de Indias para proseguir el juicio. Cortés solicitó en 1544 que el Consejo se desistiera en dicho juicio en vista de sus notorios servicios; y aun en 1545 pidió que se declarara su nulidad. Hasta el fin de sus días, durante 21 años, Hernán Cortés tuvo suspendidas sobre sí estas acusaciones, que nunca llegaron a ser juzgadas.

Los documentos del juicio de residencia de Cortés y sus prolongaciones se encuentran tanto en el Archivo General de Indias, de Sevilla, como en el Archivo General de la Nación, de México. El sumario de las acusaciones, exclusivamente, se publicó en el